Marcial Pons Ediciones: Filosofía y Derecho

Este libro ofrece una sugestiva mirada sobre las complejas relaciones entre verdad, proceso y prueba, en la que se entrelazan con acierto las perspectivas histórica, filosófica, dogmática y comparatista. Su tesis central es que determinar la verdad de los hechos en el proceso es posible y necesario para la justicia de la decisión judicial, particularmente en un sistema jurídico basado en el principio de legalidad. Esta tesis es sólo en apariencia trivial, pues se enfrenta, en realidad, a numerosos adversarios, que postulan –ya sea de modo general, como ocurre con la filosofía postmoderna, ya sea en el ámbito particular del proceso, como ocurre, por ejemplo, con las ideologías que lo conciben como una «cosa privada de las partes» o como un instrumento dirigido exclusivamente a la resolución de las controversias– la irrelevancia de la verdad.

Una vez justificada la atribución de una función epistémica al proceso, se realiza en el libro un acucioso análisis comparado y crítico de numerosas instituciones del derecho probatorio. El lector encontrará, así, una detallada evaluación de las reglas de exclusión de prueba, de las diversas modalidades de asunción de la prueba testimonial, de las reglas de prueba legal que todavía subsisten en algunos ordenamientos, de los poderes de instrucción del juez y de la alternativa entre jueces profesionales y jueces legos. Por último, el autor se ocupa también de la decisión sobre los hechos y de su justificación, considerando el rol que corresponde a los estándares de prueba, a las reglas de carga de la prueba y a la exigencia de motivación, para que se pueda decir que esa decisión enuncia la verdad.

La revisión judicial llevada a cabo por los tribunales constitucionales se presenta a menudo como un complemento indispensable de la democracia. Este libro cuestiona su efectividad y su legitimidad. Apoyándose en la tradición republicana, Richard Bellamy argumenta que, para garantizar los derechos y el Estado de derecho, los mecanismos democráticos -elecciones abiertas entre partidos en competencia y toma de decisiones mediante la regla de la mayoría- ofrecen un método que se basta a sí mismo y que resulta preferible. Al no tener que rendir cuentas, la revisión judicial se convierte en una forma de dominación arbitraria que carece del incentivo que sí tiene la estructura de la democracia para asegurar que los gobernantes traten a los gobernados con igual consideración y respeto. La revisión judicial basada en derechos socava la constitucionalidad de la democracia. Su sesgo contramayoritario favorece a los privilegiados frente a las minorías desfavorecidas, su legalismo y su atención a los casos individuales distorsionan el debate público. Lo primordial no debería ser limitar la democracia mediante constituciones escritas y una mayor vigilancia judicial, sino mejorar los procesos democráticos a través de medidas tales como la reforma de los sistemas electorales o el perfeccionamiento del control parlamentario.